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Perú, como se muestra en el documento, resalta la gravedad del uso indiscriminado de plaguicidas altamente peligrosos y sus efectos en la salud de las y los agricultores, así como en los ecosistemas locales. El hecho de que muchas de estas sustancias están prohibidas en otros países pero siguen siendo utilizadas en este país evidencia una gran debilidad en el control estatal y en la regulación del comercio agroquímico. Considero que se debe fortalecer la educación agroecológica en el ámbito rural, promover alternativas sostenibles y exigir una mayor responsabilidad a los grandes productores y empresas que comercializan estos productos. Me pregunto ¿Qué experiencias de transición agroecológica existen que hayan tenido éxito en contextos similares? ¿Alguna experiencia?
El documento revela una problemática compleja y multifacética de Colombia, en el uso de plaguicidas, a pesar de contar con un marco legal robusto. Me llamó la atención que sea el segundo país con la tasa más alta de consumo de plaguicidas por hectárea en América Latina, lo que evidencia la magnitud del desafío. Además, la fuerte influencia de la industria de plaguicidas en la toma de decisiones y la aplicación de la normativa, priorizando intereses económicos sobre la salud pública, es un factor crítico que socava los esfuerzos regulatorios. Sin embargo, destacó la importancia de iniciativas territoriales como las Redes de Semillas Libres y la Red Colombiana de Agricultura Biológica, que desde la defensa de semillas criollas y nativas, construyen alternativas agroecológicas y demuestran la capacidad de resistencia de las comunidades. Dada la complejidad de la situación, ¿cómo podemos asegurar una mayor rendición de cuentas por parte de la industria de plaguicidas y, al mismo tiempo, fortalecer y escalar las iniciativas de base que promueven una agricultura más sostenible en la región andina?
Este documento sobre Paraguay, ha resaltado el tema de la expansión del agronegocio, que principalmente es impulsada por la soja, y ha generado una política “muy permisiva” en el uso de plaguicidas, con un cumplimiento normativo parcial y un presupuesto de fiscalización insuficiente. Es preocupante ya que se está encaminando a convertirse en un país “receptor de productos prohibidos en otras regiones”, lo que subraya la urgencia de fortalecer la institucionalidad y los controles estatales. A pesar de este panorama, la resistencia de organizaciones como CONAMURI y el impulso de la agroecología ofrecen una luz de esperanza y demuestran la capacidad de las comunidades para defender sus territorios y formas de vida. Me pregunto, ¿qué acciones concretas a nivel regional, más allá de la armonización normativa, podríamos impulsar para apoyar a países como Paraguay en la implementación efectiva de sus regulaciones y en la promoción de alternativas agroecológicas, tomando en cuenta el poder e influencia del agronegocio?
En el caso de Bolivia y como lo muestran en este documento, existe una profunda incongruencia entre el marco normativo que restringe el uso de plaguicidas y la realidad del incremento sostenido en su uso, incluso de productos altamente peligrosos y prohibidos en otros países. Considerando la débil fiscalización, la alta informalidad y la falta de transparencia agravan el problema, afectando la salud pública y ambiental. Frente a este panorama, ¿qué acciones concretas pueden impulsar las organizaciones sociales y los municipios para exigir una fiscalización más efectiva y avanzar hacia modelos agroecológicos reales?
El documento permite conocer como en Argentina, se está desarrollando los agronegocios que dominan no solo el modelo productivo, sino también las decisiones políticas y regulatorias, lo que debilita la aplicación de normativas sobre plaguicidas. A pesar de las leyes existentes, la exposición a agrotóxicos sigue siendo cotidiana. La experiencia local de Pergamino, es una muestra de la posibilidad de resistir y construir alternativas. En eso me pregunto ¿Cuáles o qué estrategias podrían fortalecerse para que estas resistencias territoriales influyan en su políticas nacionales?
El estudio comparativo revela con claridad la existencia de múltiples normativas, tanto regionales como nacionales, sobre el uso de plaguicidas. Sin embargo, su implementación sigue siendo débil y fragmentada. En el caso de Bolivia, a pesar de que en los últimos años se ha impulsado desde el discurso oficial, actores clave e incluso desde la opinión pública la agroecología y el derecho a un ambiente sano, en la práctica persisten altos niveles de uso de plaguicidas altamente peligrosos, incluidos varios que están prohibidos a nivel internacional. Esta contradicción entre el discurso y la práctica evidencia la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de fiscalización, aumentar la transparencia en la información sobre agroquímicos y generar políticas públicas que prioricen modelos productivos sostenibles. en este contexto ¿cómo lograr que los compromisos por una agricultura más saludable y soberana se traduzcan en acciones concretas y efectivas?
