En el caso de Bolivia y como lo muestran en este documento, existe una profunda incongruencia entre el marco normativo que restringe el uso de plaguicidas y la realidad del incremento sostenido en su uso, incluso de productos altamente peligrosos y prohibidos en otros países. Considerando la débil fiscalización, la alta informalidad y la falta de transparencia agravan el problema, afectando la salud pública y ambiental. Frente a este panorama, ¿qué acciones concretas pueden impulsar las organizaciones sociales y los municipios para exigir una fiscalización más efectiva y avanzar hacia modelos agroecológicos reales?
