Coordinación del curso

Interaprendizaje

Finalizamos la segunda versión del curso virtual “Autonomías indígenas en Bolivia: perspectivas críticas y alternativas” coordinado por el Área de Interaprendizaje del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS.

El día de ayer, 12 de diciembre de 2019 realizamos un conversatorio junto a autoridades y líderes de la Capitanía de Macharetí, el Jatun Ayllu Yura, Huacaya, Charazani y Zongo, estudiantes y docentes del curso e instituciones de apoyo. Entregamos algunos certificados de aprobación a los estudiantes y aprovechamos para intercambiar algunas ideas sobre la propuesta pedagógica virtual de Interaprendizaje y la situación de las autonomías en el momento actual.

Los participantes del curso aportaron varios criterios que nos interesa recoger como aprendizajes y recomendaciones. Gilberto Apaza del Jatun Ayllu Yura explicó que el curso absolvió algunas dudas que tenía sobre los procedimientos y requisitos para el acceso a la autonomía. Además, les puso al tanto de algunas sentencias vigentes que son útiles a los pueblos indígenas, respecto al aspecto virtual y tecnológico, explicó que en su territorio tienen un sistema de conexión deficiente, y como el curso coincidió el tiempo de siembra, “tenía que estar entre el arado en el terreno y respondiendo al foro virtual”, afirmó. Por su parte, Petrona Flores de la Nación Kallawaya explicó que para los pueblos indígenas “la autonomía no es una cosa nueva, sino que se conoce desde la raíz; es un proyecto propio, que se refiere a la vida sana de los territorios rurales”, y le pareció interesante analizar los procesos a nivel nacional. Respecto a la plataforma, valoró el aprendizaje de su uso y contó a los asistentes, que en varias ocasiones tuvo que estar en la oficina del IPDRS para realizar los trabajos que demandó el curso, aprovechando el internet y la colaboración de Interaprendizaje. Fermín Romero de la Capitanía Macharetí, también afirmó que resulta difícil leer en la plataforma virtual, en el celular, que facilita mucho tener en papel, pero que también es complicado “inspirarse y plasmar las ideas de la cabeza en un papel, pero el ejercicio sirve mucho”.

La docente Vianca Copa, que dirigió la tercera unidad del curso, referida a la jurisprudencia en torno a las formas de autogobierno indígena, explicó que el enfoque impartido fue transdisciplinario y el objetivo fue “pensar otros niveles de articulación más allá del ámbito administrativo”. Recordó a los participantes que los pueblos indígenas y su proyecto por la autonomía forma parte de una lucha de largo aliento, donde han mostrado que no necesariamente son ellos quienes se ajustan a las reglas que el Estado les impone, sino que llevan adelante los objetivos de sus luchas históricas. También reiteró que no existe un modelo de autonomía indígena sino que cada experiencia es un proceso con “potencial creativo”, y por ello, actualmente se pueden hablar de las luchas de los pueblos indígenas, con otro sentido histórico. Miguel Delgado, docente de la quinta unidad del curso que reflexionó sobre la modificación a la ley marco de autonomía, valoró la “oportunidad del interaprendizaje” y la calidad de los debates y reflexiones que, en definitiva, expresaron la necesidad de seguir analizando la relación de los pueblos indígenas y el Estado, una relación que tiene sus aristas institucionales, jurídicas y organizativas. También valoró que la perspectiva de análisis de las autonomías se sostenga en el sujeto promotor de éstas, los pueblos indígenas.

Por su parte, el sociólogo Mauricio Díaz Vidaurre, participante del curso, hizo notar que el desarrollo del curso fue entre octubre y noviembre, y coincidió con el período post electoral que devino en el descalabro institucional del gobierno central boliviano. Sugirió que faltó “flexibilidad del entorno de aprendizaje” respecto a esta coyuntura como un tema de reflexión no paralelo sino central para seguir hablando del Estado plurinacional y las amenazas que se han desatado, y como aporte para vislumbrar proyecciones desde los procesos autonómicos. El mburuvicha Fermín Romero, respondiendo a la interpelación, explicó que definitivamente la crisis política afecta a los procesos autonómicos pues se visibilizó “la contraposición, el no avance y retroceso; es cierto que en los territorios estamos encerrados, de pronto nos dijeron ‘se fue Evo y se fueron las autonomías’, pero desde una postura más clara, tenemos el respaldo constitucional y evaluando podemos nosotros afirmar que las autonomías no se pueden construir con un solo actor, entonces estamos incluyendo a nuestro proceso autonómico a los no indígenas, a los campesinos interculturales y los pueblos”.

Alberto Pareja, otro de los participantes, valoró también la estrategia de la comunicación y el uso del audiovisual en el curso. Reflexionó sobre la necesidad de invertir en las “emociones”, en la necesidad de humanizar los procesos que parecen técnicos y administrativos. Poner rostro e historia a los procesos autonómicos es muy valorable, más en momentos de crisis que han confrontado a los sectores sociales poniendo al centro la identidad indígena.

Tras las palabras de otros participantes, la plataforma de Interaprendizaje del IPDRS, entregó los certificados de aprobación a los estudiantes del curso y todos compartieron una cena.

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, agradece la confianza y reflexión colectiva que se suscitó en este convite, como siempre nos afirmamos en la dignificación de los procesos territoriales, por la autodeterminación y autogobierno indígena y campesino.

Zongo es parte del municipio de La Paz, tiene una historia pre-colonial y colonial importante alrededor de la producción de coca y en los últimos años ha dado una lucha importante contra los abusos del minero José Oscar Bellota Cornejo. Su lucha jurídica ha sido documentada en el cortometraje Zongo: Los caminos de la justicia indígena en Bolivia, éste fue producido por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica y la misma Central Agraria Originaria Campesina de Zongo específicamente para el curso virtual de Autonomías indígenas en Bolivia.

Algunas impresiones de la comunidad de Interaprendizaje que hizo el curso van en este sentido:

“Excelente el video y consideramos que es un gran aporte. Estábamos comentando con el compañero Efrén que no sabemos si existe otro así que documente un proceso de contradicción entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, en Bolivia. El caso de Zongo es ilustrativo de las dificultades que hay para poder ejercer autonomía en cuanto a las prácticas jurídicas, incluso en un país donde la Constitución se ha modificado para igualar la justicia indígena a la originaria. El proceso para validar la justicia indígena ha costado que las autoridades estuvieran 2 años presos, o sea que no ha sido igualada en la práctica. Es importante avanzar en el camino del respeto a la justicia indígena porque es en el ámbito de la justicia donde realmente se pueden garantizar los derechos. Una justicia supeditada al Estado centralista, impide que se pueda ejercer de hecho el gobierno sobre lo que suceda dentro del propio territorio. En este caso el respeto final a la justicia indígena garantizó que el territorio y sus recursos no cayeran en manos de terceros, es un antecedente muy útil, esperamos, en un sistema de justicia que debería tomar en cuenta los precedentes” (Catalina Wins Porta, antropóloga, Uruguay).

“Entonces una larga batalla legal sobre la expulsión del empresario deriva en la emisión de una Sentencia Constitucional número N° 006/2013 de 5 de junio de 2013 que resuelve compatible la expulsión a través de la justicia indígena. Para mi aquí nace el verdadero ejercicio de una justicia indígena, pone en cuestionamiento la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Esta sentencia debía de ser la punta de lanza para poder ejercer la justicia indígena conforme establece la Constitución Política del Estado, porque hasta le fecha el ejercicio de la autonomía indígena solo está plasmado en papeles en las normas y su aplicación aún está en la mira, a excepción de las prácticas empíricas y ancestrales como se ve en el pueblo Kallawaya” (Emilio Yanahuaya, Nación Kallahuaya, Bolivia).

“(…) también pienso que la reacción para hoy debe ser, más que nunca, multiplicar los recursos legales que las sentencias constitucionales 0026/2013 ,0037/2013 0874/2014, 0011/2017 y 0093/2017 han abierto como jurisprudencia para la justicia indígena. Lo que se traduce  en los hechos, en el ejercicio de la plurinacionalidad.

O ¿ es acaso que podemos decir que la plurinacionalidad misma (en lo concreto, en los hechos) está en cuestionamiento?” (Alberto Pareja, geógrafo, Bolivia).

“Quiero acotar algo sobre la diferencia entre la justicia comunitaria fruto del multiculturalismo y la JIOC. La literatura sobre justicia comunitaria nos muestra, sobre todo aquella elaborada desde el Ministerio de Justicia en los años 90, que la administración de justicia de los pueblos esta destinado a ver casos internos pequeños sin inmiscuirse en temas complejos como recursos naturales, mineros y otros. Por otra parte, la JC que ha sido demonizada por la medidas de hechos ocurridos.

Creo que en el actual contexto, por el impulso de los propios pueblos, la JIOC viene impulsando una mayor "institucionalización" para la atención de casos más complejos, asimismo,  la JIOC se ha convertido en una herramienta legal que puede fortalecer las luchas indígenas, por ejemplo, en relación a la "criminalización" del ejercicio de la JIOC, que en el caso de Zongo se expresó en la detención de sus lideres por dos años, y finalmente la JIOC abre nuevos desafíos para las comunidades, una de ellas el acceso a la justicia para mujeres, adultos mayores  y otros sectores vulnerables. En este marco la JIOC debe crear mecanismos de cooperación y coordinación para la protección y de cumplimiento de derechos individuales en diálogo con los colectivos” (Magali Vianca Copa, abogada constitucionalista y docente del curso virtual de autonomías indígenas en Bolivia).

Marcela Quisbert, perito en justicia indígena, quien protagoniza el documental también han manifestado la importancia del cortometraje en la profundización de de la jurisprudencia en temas indígenas. La autoridad invita a visionarlo en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=C-HE1TN2dzI&t=3s

                                             

La autora de este artículo y docente del curso virtual: Autonomías indígenas en Bolivia: perspectivas críticas y alternativas, Magali Vianca Copa, propone revisar el caso Zongo como referencia de jurisprudencia indígena en el marco de la libre determinación de la naciones indígenas y la profundización de la autonomía indígena.

Salieron en busca de justicia y encontraron la justicia en su propia jurisdicción. El reconocimiento de la justicia indígena está aún lejos de su cumplimiento real, al menos en los términos de igualdad que señala la Constitución Política del Estado (Art. 179.II), sin embargo, el primer paso lo dieron ellos, los comunarios de Cahua Grande y Cahua Chico de Zongo. Tras una larga lucha legal por hacer valer sus resoluciones en la justicia indígena, el pasado 21 de septiembre de forma inédita los zongueños decidieron iniciar la ejecución de la sentencia de expulsión del empresario minero José Oscar Bellota Cornejo del territorio de Zongo, en cumplimiento de las diferentes resoluciones constitucionales (SSCCPP 874/2014, 0036/2018 y la DCP 006/2013) que les reconoce la competencia para resolver el caso.

Todo empezó el año 2010, las treinta y cinco comunidades de la Central Agraria de Zongo, luego de escuchar los testimonios de abusos a los trabajadores, usurpación de tierras, daños al medio ambiente, entre otros, decidieron la expulsión del empresario minero. Esta resolución les valió la detención, en la cárcel de San Pedro, de cuatro de sus autoridades por el periodo de dos años y el procesamiento de una treintena de comunarios que fueron perseguidos penalmente durante diez años, hasta que los casos pasaron a competencia de la jurisdicción indígena de Zongo.

Ganaron todas las acciones legales pero el minero no salía del territorio de Zongo. Con sus autoridades detenidas en la cárcel el caso del minero quedo paralizado, nadie quería meterse, temían ser encarcelados. En eso, un grupo de autoridades de Cahua Grande y Cahua Chico decidieron formar un Consejo de Justicia para defenderse dentro del marco de la Jurisdicción Indígena. Su primer paso fue presentar una consulta al Tribunal Constitucional, les preguntaron a los magistrados si es constitucional la sanción de expulsión; el Tribunal tras un estudio pericial les respondió que la expulsión es compatible con la constitución y aplicable al caso concreto. Con esta primera victoria las autoridades de Zongo solicitaron la declinatoria de competencia de los jueces ordinarios en los procesos instaurados en su contra por el minero. Tras varias audiencias, viajes y trámites burocráticos, las autoridades lograron dos fallos constitucionales a su favor. Fruto de ello, un hecho inusual ocurre el 13 de octubre de 2014, el Juez de Instrucción Penal Primero de la ciudad de El Alto, Juan Enrique Morales Díaz entregó en acto público seis expedientes del caso penal a las autoridades de la jurisdicción indígena de Zongo, así las cuatro ex autoridades detenidas salen libres. Pero no era el único caso penal, recién hasta el presente año las autoridades indígenas lograron la entrega de los expedientes del último caso penal. Sin embargo, tras diez años de lucha legal y a pesar de que el más alto Tribunal les da la razón, las autoridades de Zongo se dan cuenta de que siguen siendo perseguidas y que el minero continúa en su territorio.

¿Una resolución final para ejecutar la expulsión?

A principios de este año la Central Agraria de Zongo en un ampliado general decide conformar el Consejo Justicia de Zongo, instancia judicial encargada de emitir la Resolución final del caso. Se trata de la Resolución 001/2019 dictaminada públicamente el pasado sábado 21 de septiembre en la sede sindical de la Comunidad de Cahua Grande con la presencia de las autoridades principales de las comunidades de Zongo; autoridades del Estado: nivel central, Viceministerio de Descolonización, gobernación y municipal; la Asociación Departamental de Antropólogos de La Paz; los equipos de comunicación de Radio San Gabriel y del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica quienes acudieron al llamado de las autoridades del Consejo. Para los Zongueños fue un acto fundamental, pues significó la culminación del proceso tras diez largos años y el inicio del cumplimiento de sus resoluciones en el marco de la jurisdicción indígena.

La audiencia inicio con un acto ritual, seguidamente se convocaron a las partes. Fueron llamados a lado izquierdo de los jueces indígenas una veintena de comunarios que habían sido procesados en la justicia ordinaria, y al lado derecho se convocó al empresario minero, quien no asistió al acto. A las afueras se puede observar que la mina funciona con total normalidad. Seguidamente, con la sala totalmente llena, los asistentes se ponen de pie y en total silencio escuchan la resolución final, la misma que en la parte más emotiva señala: “La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina JIOC del sector Zongo de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz en memoria de Gabriel Huaynaquile y Gabriel Huayla, históricos líderes zongueños que se rebelaron, lucharon y dieron su vida contra nuestros opresores (1623) en defensa de la libertad, tierra y territorio, en memoria de las luchas ancestrales de nuestros antepasados que nos han legado la lucha constante e incansable que hoy mantendremos como hijos e hijas. Asimismo, al amparo de nuestro legítimo derecho a la libre determinación establecidos en la Constitución Política del Estado, la Declaración de las NNUU sobre los derechos de pueblos indígenas, el Convenio 169 y la Declaración americana de derechos de los pueblos indígenas, conforme a los cuales nuestra autodeterminación es el primer derecho colectivo que permite ejercer todos los demás Derechos. En virtud de nuestra jurisdicción y competencia establecidas en las normas constitucionales, como JIOC ZONGO disponemos…” (Periódico la Razón, 25/09/2019) Acto seguido se oyen aplausos, y se escuchan las disposiciones de este magno Consejo de justicia.

Esta Resolución final ordena al AJAM deje sin efecto las concesiones mineras otorgadas a favor del minero y cualquier proceso de otorgación de derechos mineros, solicita al juez agroambiental de la provincia Murillo, en el marco de la coordinación y cooperación, disponga la realización de un peritaje para la determinación de daños ambientales para la indemnización y resarcimiento a las comunidades afectadas, al INRA la reversión de tierras a favor de las comunidades, a la policía el precinto y resguardo del lugar donde se realizaban actividades mineras, y a la Notaria de Fe pública el inventario de bienes, entre otras medidas, que ordenan los jueces indígenas en el marco de la Constitución, las normas del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia aplicable al caso. Acto seguido, notifican con la resolución en la puerta de ingreso de la mina iniciando una vigilia a las afueras del lugar. Asimismo, horas más tarde el comandante departamental de la policía tras ser notificado con la resolución responde con una nota que la justicia indígena no puede ingresar a tocar temas relacionados con el ámbito minero, citando al efecto la Ley de Deslinde.

Las autoridades del Consejo de Justicia tienen la fuerza para seguir luchando por el cumplimiento de la Constitución. Así lo manifestaron al término de la audiencia. La justicia indígena les devolvió a los procesados la dignidad para no ser tratados como imputados ni delincuentes, y ahora esperan que la jurisdicción indígena sea respetada por parte de las autoridades de la jurisdicción ordinaria, la policía y demás instituciones del Estado Plurinacional.

Zongo nos muestra que la jurisdicción indígena está luchando por el respeto de su libre determinación, frente a las brechas y límites de su cumplimiento. Vemos comunidades que están resolviendo sus conflictos en sus territorios, ejerciendo sus instancias de justicia, dialogando sobre los derechos humanos y dando sentido a la justicia indígena, en este marco, vemos muchas posibilidades en el reconocimiento de la justicia indígena. Zongo es un caso inédito de la justicia indígena, pues en su lucha legal desbordaron la Ley de Deslinde y ejercieron una autonomía desde abajo al conformar una instancia propia de justicia y poner en funcionamiento la jurisdicción indígena. Es una muestra de la construcción de la justicia desde abajo, desde las tensiones, complejidades y desafíos que implica el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina.

 

 

La primera tesis de maestría sobre Interaprendizaje fue presentada al CREFAL, Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe en el marco de la Maestría de Diseño de Entornos Virtuales de Aprendizaje.

Con una perspectiva de la sistematización como investigación narrativa y como trabajo reflexivo (Messina y Osorio, 2016), Jhaquelin Dávalos, pedagoga, realizadora audiovisual y parte de Interaprendizaje, compartió aspectos epistemológicos, metodológicos e institucionales de la educación virtual para el desarrollo rural en Interaprendizaje. La tesis reflexiona sobre la comunicación sincrónica, la búsqueda de pensamiento epistémico (Zemelman, 2011) para reconocer la novedades del campo, la experiencias de pensamiento comparado rural en la región y la importancia de la imagen en la construcción del conocimiento.

La tesis contó con el asesoramiento de Socorro Ramos del Colegio de Michoacán y la lectura de Graciela Messina Raimondi, socióloga e investigadora de CREFAL. Ambas resaltaron la importancia de la sistematización en el reconocimiento de otras epistemologías sobre el campo y sus sujetos y el reconocimiento de que la fatalidad “sobre los territorios rurales” no es una colocación para producir conocimiento; pues, en medio de tantas problemáticas es la agricultura familiar la que otorga el 70% de la alimentación en el mundo.

En los próximos meses se espera que la sistematización sea publicada por el IPDRS por su aporte a las teorías de la educación virtual y a los estudios rurales.

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