Coordinación del curso

Interaprendizaje

Zongo es parte del municipio de La Paz, tiene una historia pre-colonial y colonial importante alrededor de la producción de coca y en los últimos años ha dado una lucha importante contra los abusos del minero José Oscar Bellota Cornejo. Su lucha jurídica ha sido documentada en el cortometraje Zongo: Los caminos de la justicia indígena en Bolivia, éste fue producido por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica y la misma Central Agraria Originaria Campesina de Zongo específicamente para el curso virtual de Autonomías indígenas en Bolivia.

Algunas impresiones de la comunidad de Interaprendizaje que hizo el curso van en este sentido:

“Excelente el video y consideramos que es un gran aporte. Estábamos comentando con el compañero Efrén que no sabemos si existe otro así que documente un proceso de contradicción entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, en Bolivia. El caso de Zongo es ilustrativo de las dificultades que hay para poder ejercer autonomía en cuanto a las prácticas jurídicas, incluso en un país donde la Constitución se ha modificado para igualar la justicia indígena a la originaria. El proceso para validar la justicia indígena ha costado que las autoridades estuvieran 2 años presos, o sea que no ha sido igualada en la práctica. Es importante avanzar en el camino del respeto a la justicia indígena porque es en el ámbito de la justicia donde realmente se pueden garantizar los derechos. Una justicia supeditada al Estado centralista, impide que se pueda ejercer de hecho el gobierno sobre lo que suceda dentro del propio territorio. En este caso el respeto final a la justicia indígena garantizó que el territorio y sus recursos no cayeran en manos de terceros, es un antecedente muy útil, esperamos, en un sistema de justicia que debería tomar en cuenta los precedentes” (Catalina Wins Porta, antropóloga, Uruguay).

“Entonces una larga batalla legal sobre la expulsión del empresario deriva en la emisión de una Sentencia Constitucional número N° 006/2013 de 5 de junio de 2013 que resuelve compatible la expulsión a través de la justicia indígena. Para mi aquí nace el verdadero ejercicio de una justicia indígena, pone en cuestionamiento la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Esta sentencia debía de ser la punta de lanza para poder ejercer la justicia indígena conforme establece la Constitución Política del Estado, porque hasta le fecha el ejercicio de la autonomía indígena solo está plasmado en papeles en las normas y su aplicación aún está en la mira, a excepción de las prácticas empíricas y ancestrales como se ve en el pueblo Kallawaya” (Emilio Yanahuaya, Nación Kallahuaya, Bolivia).

“(…) también pienso que la reacción para hoy debe ser, más que nunca, multiplicar los recursos legales que las sentencias constitucionales 0026/2013 ,0037/2013 0874/2014, 0011/2017 y 0093/2017 han abierto como jurisprudencia para la justicia indígena. Lo que se traduce  en los hechos, en el ejercicio de la plurinacionalidad.

O ¿ es acaso que podemos decir que la plurinacionalidad misma (en lo concreto, en los hechos) está en cuestionamiento?” (Alberto Pareja, geógrafo, Bolivia).

“Quiero acotar algo sobre la diferencia entre la justicia comunitaria fruto del multiculturalismo y la JIOC. La literatura sobre justicia comunitaria nos muestra, sobre todo aquella elaborada desde el Ministerio de Justicia en los años 90, que la administración de justicia de los pueblos esta destinado a ver casos internos pequeños sin inmiscuirse en temas complejos como recursos naturales, mineros y otros. Por otra parte, la JC que ha sido demonizada por la medidas de hechos ocurridos.

Creo que en el actual contexto, por el impulso de los propios pueblos, la JIOC viene impulsando una mayor "institucionalización" para la atención de casos más complejos, asimismo,  la JIOC se ha convertido en una herramienta legal que puede fortalecer las luchas indígenas, por ejemplo, en relación a la "criminalización" del ejercicio de la JIOC, que en el caso de Zongo se expresó en la detención de sus lideres por dos años, y finalmente la JIOC abre nuevos desafíos para las comunidades, una de ellas el acceso a la justicia para mujeres, adultos mayores  y otros sectores vulnerables. En este marco la JIOC debe crear mecanismos de cooperación y coordinación para la protección y de cumplimiento de derechos individuales en diálogo con los colectivos” (Magali Vianca Copa, abogada constitucionalista y docente del curso virtual de autonomías indígenas en Bolivia).

Marcela Quisbert, perito en justicia indígena, quien protagoniza el documental también han manifestado la importancia del cortometraje en la profundización de de la jurisprudencia en temas indígenas. La autoridad invita a visionarlo en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=C-HE1TN2dzI&t=3s

                                             

La autora de este artículo y docente del curso virtual: Autonomías indígenas en Bolivia: perspectivas críticas y alternativas, Magali Vianca Copa, propone revisar el caso Zongo como referencia de jurisprudencia indígena en el marco de la libre determinación de la naciones indígenas y la profundización de la autonomía indígena.

Salieron en busca de justicia y encontraron la justicia en su propia jurisdicción. El reconocimiento de la justicia indígena está aún lejos de su cumplimiento real, al menos en los términos de igualdad que señala la Constitución Política del Estado (Art. 179.II), sin embargo, el primer paso lo dieron ellos, los comunarios de Cahua Grande y Cahua Chico de Zongo. Tras una larga lucha legal por hacer valer sus resoluciones en la justicia indígena, el pasado 21 de septiembre de forma inédita los zongueños decidieron iniciar la ejecución de la sentencia de expulsión del empresario minero José Oscar Bellota Cornejo del territorio de Zongo, en cumplimiento de las diferentes resoluciones constitucionales (SSCCPP 874/2014, 0036/2018 y la DCP 006/2013) que les reconoce la competencia para resolver el caso.

Todo empezó el año 2010, las treinta y cinco comunidades de la Central Agraria de Zongo, luego de escuchar los testimonios de abusos a los trabajadores, usurpación de tierras, daños al medio ambiente, entre otros, decidieron la expulsión del empresario minero. Esta resolución les valió la detención, en la cárcel de San Pedro, de cuatro de sus autoridades por el periodo de dos años y el procesamiento de una treintena de comunarios que fueron perseguidos penalmente durante diez años, hasta que los casos pasaron a competencia de la jurisdicción indígena de Zongo.

Ganaron todas las acciones legales pero el minero no salía del territorio de Zongo. Con sus autoridades detenidas en la cárcel el caso del minero quedo paralizado, nadie quería meterse, temían ser encarcelados. En eso, un grupo de autoridades de Cahua Grande y Cahua Chico decidieron formar un Consejo de Justicia para defenderse dentro del marco de la Jurisdicción Indígena. Su primer paso fue presentar una consulta al Tribunal Constitucional, les preguntaron a los magistrados si es constitucional la sanción de expulsión; el Tribunal tras un estudio pericial les respondió que la expulsión es compatible con la constitución y aplicable al caso concreto. Con esta primera victoria las autoridades de Zongo solicitaron la declinatoria de competencia de los jueces ordinarios en los procesos instaurados en su contra por el minero. Tras varias audiencias, viajes y trámites burocráticos, las autoridades lograron dos fallos constitucionales a su favor. Fruto de ello, un hecho inusual ocurre el 13 de octubre de 2014, el Juez de Instrucción Penal Primero de la ciudad de El Alto, Juan Enrique Morales Díaz entregó en acto público seis expedientes del caso penal a las autoridades de la jurisdicción indígena de Zongo, así las cuatro ex autoridades detenidas salen libres. Pero no era el único caso penal, recién hasta el presente año las autoridades indígenas lograron la entrega de los expedientes del último caso penal. Sin embargo, tras diez años de lucha legal y a pesar de que el más alto Tribunal les da la razón, las autoridades de Zongo se dan cuenta de que siguen siendo perseguidas y que el minero continúa en su territorio.

¿Una resolución final para ejecutar la expulsión?

A principios de este año la Central Agraria de Zongo en un ampliado general decide conformar el Consejo Justicia de Zongo, instancia judicial encargada de emitir la Resolución final del caso. Se trata de la Resolución 001/2019 dictaminada públicamente el pasado sábado 21 de septiembre en la sede sindical de la Comunidad de Cahua Grande con la presencia de las autoridades principales de las comunidades de Zongo; autoridades del Estado: nivel central, Viceministerio de Descolonización, gobernación y municipal; la Asociación Departamental de Antropólogos de La Paz; los equipos de comunicación de Radio San Gabriel y del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica quienes acudieron al llamado de las autoridades del Consejo. Para los Zongueños fue un acto fundamental, pues significó la culminación del proceso tras diez largos años y el inicio del cumplimiento de sus resoluciones en el marco de la jurisdicción indígena.

La audiencia inicio con un acto ritual, seguidamente se convocaron a las partes. Fueron llamados a lado izquierdo de los jueces indígenas una veintena de comunarios que habían sido procesados en la justicia ordinaria, y al lado derecho se convocó al empresario minero, quien no asistió al acto. A las afueras se puede observar que la mina funciona con total normalidad. Seguidamente, con la sala totalmente llena, los asistentes se ponen de pie y en total silencio escuchan la resolución final, la misma que en la parte más emotiva señala: “La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina JIOC del sector Zongo de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz en memoria de Gabriel Huaynaquile y Gabriel Huayla, históricos líderes zongueños que se rebelaron, lucharon y dieron su vida contra nuestros opresores (1623) en defensa de la libertad, tierra y territorio, en memoria de las luchas ancestrales de nuestros antepasados que nos han legado la lucha constante e incansable que hoy mantendremos como hijos e hijas. Asimismo, al amparo de nuestro legítimo derecho a la libre determinación establecidos en la Constitución Política del Estado, la Declaración de las NNUU sobre los derechos de pueblos indígenas, el Convenio 169 y la Declaración americana de derechos de los pueblos indígenas, conforme a los cuales nuestra autodeterminación es el primer derecho colectivo que permite ejercer todos los demás Derechos. En virtud de nuestra jurisdicción y competencia establecidas en las normas constitucionales, como JIOC ZONGO disponemos…” (Periódico la Razón, 25/09/2019) Acto seguido se oyen aplausos, y se escuchan las disposiciones de este magno Consejo de justicia.

Esta Resolución final ordena al AJAM deje sin efecto las concesiones mineras otorgadas a favor del minero y cualquier proceso de otorgación de derechos mineros, solicita al juez agroambiental de la provincia Murillo, en el marco de la coordinación y cooperación, disponga la realización de un peritaje para la determinación de daños ambientales para la indemnización y resarcimiento a las comunidades afectadas, al INRA la reversión de tierras a favor de las comunidades, a la policía el precinto y resguardo del lugar donde se realizaban actividades mineras, y a la Notaria de Fe pública el inventario de bienes, entre otras medidas, que ordenan los jueces indígenas en el marco de la Constitución, las normas del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia aplicable al caso. Acto seguido, notifican con la resolución en la puerta de ingreso de la mina iniciando una vigilia a las afueras del lugar. Asimismo, horas más tarde el comandante departamental de la policía tras ser notificado con la resolución responde con una nota que la justicia indígena no puede ingresar a tocar temas relacionados con el ámbito minero, citando al efecto la Ley de Deslinde.

Las autoridades del Consejo de Justicia tienen la fuerza para seguir luchando por el cumplimiento de la Constitución. Así lo manifestaron al término de la audiencia. La justicia indígena les devolvió a los procesados la dignidad para no ser tratados como imputados ni delincuentes, y ahora esperan que la jurisdicción indígena sea respetada por parte de las autoridades de la jurisdicción ordinaria, la policía y demás instituciones del Estado Plurinacional.

Zongo nos muestra que la jurisdicción indígena está luchando por el respeto de su libre determinación, frente a las brechas y límites de su cumplimiento. Vemos comunidades que están resolviendo sus conflictos en sus territorios, ejerciendo sus instancias de justicia, dialogando sobre los derechos humanos y dando sentido a la justicia indígena, en este marco, vemos muchas posibilidades en el reconocimiento de la justicia indígena. Zongo es un caso inédito de la justicia indígena, pues en su lucha legal desbordaron la Ley de Deslinde y ejercieron una autonomía desde abajo al conformar una instancia propia de justicia y poner en funcionamiento la jurisdicción indígena. Es una muestra de la construcción de la justicia desde abajo, desde las tensiones, complejidades y desafíos que implica el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina.

 

 

La primera tesis de maestría sobre Interaprendizaje fue presentada al CREFAL, Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe en el marco de la Maestría de Diseño de Entornos Virtuales de Aprendizaje.

Con una perspectiva de la sistematización como investigación narrativa y como trabajo reflexivo (Messina y Osorio, 2016), Jhaquelin Dávalos, pedagoga, realizadora audiovisual y parte de Interaprendizaje, compartió aspectos epistemológicos, metodológicos e institucionales de la educación virtual para el desarrollo rural en Interaprendizaje. La tesis reflexiona sobre la comunicación sincrónica, la búsqueda de pensamiento epistémico (Zemelman, 2011) para reconocer la novedades del campo, la experiencias de pensamiento comparado rural en la región y la importancia de la imagen en la construcción del conocimiento.

La tesis contó con el asesoramiento de Socorro Ramos del Colegio de Michoacán y la lectura de Graciela Messina Raimondi, socióloga e investigadora de CREFAL. Ambas resaltaron la importancia de la sistematización en el reconocimiento de otras epistemologías sobre el campo y sus sujetos y el reconocimiento de que la fatalidad “sobre los territorios rurales” no es una colocación para producir conocimiento; pues, en medio de tantas problemáticas es la agricultura familiar la que otorga el 70% de la alimentación en el mundo.

En los próximos meses se espera que la sistematización sea publicada por el IPDRS por su aporte a las teorías de la educación virtual y a los estudios rurales.

Los nuevos escenarios que plantea la modificación a la Ley Marco de Autonomías serán analizados en la segunda versión del Curso virtual: Autonomías indígenas en Bolivia: perspectivas críticas y alternativas. El curso inicia el 8 de octubre tienen el aval del CIDES UMSA y se realizará en la plataforma virtual Interaprendizaje del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, IPDRS.

Miguel Vargas Delgado, abogado e investigador, se incorpora al equipo docente integrado por el sociólogo y director de CIPCA Altiplano, Fredy Villagómez; la abogada especializada en pluralismo jurídico Magali Copa; el politólogo y asesor técnico en el Viceministerio de Autonomías Franz Rosales; y, la socióloga Ruth Bautista del IPDRS.

A partir de esta Ley 1198 (14 de julio de 2019) de Modificación a la Ley 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (19 de julio 2010) se señala que las autonomías regionales ejercerán competencias concurrentes y las autonomías indígena originario campesinas se moverán en un escenario distinto al quedar sin efecto el segundo referéndum y al contar con tras disposiciones. Pues, la aprobación por normas y procedimientos propios, para los territorios que han cumplido los requisitos establecidos por la ley, será suficiente para la creación de la unidad territorial. Sin embargo, la elaboración del estatuto deberá contar con participación de miembros de las naciones indígenas y con personas no indígenas, originarios, campesinos de residencia permanente en el territorio. Asimismo, la ley de modificación no incluye especificaciones con respecto a las elecciones subnacionales para procesos autonómicos indígena originario campesinos. Estos aspectos serán analizados en esta segunda versión del curso para reforzar la demanda indígena de autonomía y quebrar algunos condicionamientos teóricos y prácticos que no nos permiten avanzar.

Co-organizan el curso la Nación Qhara Qhara, el Jatun Ayllu Yura, la Capitanía Zona Macharetí, la Capitanía Zonal Santa Rosa y CIPCA CORDILLERA. Apoyan financieramente Icco Cooperación y Pan para el Mundo.

Para su inscripción y mayor información puede hacer click AQUÍ.

 

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