El estudio comparativo revela con claridad la existencia de múltiples normativas, tanto regionales como nacionales, sobre el uso de plaguicidas. Sin embargo, su implementación sigue siendo débil y fragmentada. En el caso de Bolivia, a pesar de que en los últimos años se ha impulsado desde el discurso oficial, actores clave e incluso desde la opinión pública la agroecología y el derecho a un ambiente sano, en la práctica persisten altos niveles de uso de plaguicidas altamente peligrosos, incluidos varios que están prohibidos a nivel internacional. Esta contradicción entre el discurso y la práctica evidencia la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de fiscalización, aumentar la transparencia en la información sobre agroquímicos y generar políticas públicas que prioricen modelos productivos sostenibles. en este contexto ¿cómo lograr que los compromisos por una agricultura más saludable y soberana se traduzcan en acciones concretas y efectivas?
